Desde UGT, manifestamos nuestra oposición ante cualquier obstáculo que menoscabe o vulnere el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo
Tal y como recoge el informe publicado en octubre de 2025 por el Ministerio de Sanidad “Situación del aborto en la sanidad pública. Evolución y medidas para la accesibilidad”, en 2024 en nuestro país, tan solo el 31,2% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros públicos, frente al 78,8% realizado en centros privados.
El informe revela un crecimiento sostenido en el número de abortos realizados en centros públicos, aunque persisten importantes desigualdades territoriales: mientras que cuatro Comunidades Autónomas (Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra) superan el 75% de IVE en la sanidad pública, en Cataluña, Islas Baleares y Canarias se ubica entre el 20y el 60%, mientras que en las Comunidades y ciudades autónomas restantes el porcentaje no alcanza el 10%.
Todos estos datos constatan una realidad ya manifestada por multitud de mujeres, que señalan la no efectividad del derecho al aborto, mediante la remisión a centros privados o incluso a otros territorios (con lo que económica y emocionalmente ello puede suponer). Se evidencia, de este modo, al igual que apunta el Ministerio en su informe, la necesidad de normalizar la prestación pública del aborto y reforzar el acceso equitativo en todo el territorio.
Desde UGT alertamos que se está dificultando el ejercicio de un derecho que, recordamos, fue reconocido hace 40 años con la aprobación de la Ley de 5 de julio de 1985 y que se ha completado con la Ley Orgánica 2/2010, y por su reforma de 2023, que refuerza el acceso al aborto seguro y gratuito en la sanidad pública.
De igual forma, recordamos que los poderes públicos tienen la obligación de cumplir con las leyes y garantizar los mecanismos que sean necesarios para que la ciudadanía pueda disfrutar plenamente de sus derechos y libertades, y los y las profesionales sanitarios están comprometidos en su cumplimiento.
Desde UGT, denunciamos y denunciaremos todos aquellos obstáculos que impidan la garantía de este derecho, iniciativas cuyo objetivo es limitar la autonomía y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como la aprobada por el Ayuntamiento de Madrid, en relación con proporcionar información desde los servicios municipales a todas aquellas mujeres que muestren intención de abortar “sobre el trauma post-aborto”, que como ya denunciamos UGT y UGT-SP, no solo no estaba constatada científicamente sino que denotaba un claro sesgo ideológico antiabortista.
De igual modo, reprobamos la negativa o retraso a la creación del registro de personas objetoras al que están obligadas las Comunidades Autónomas, cuyo propósito es una adecuada gestión de la prestación sanitaria.
Por todo ello, desde UGT, aplaudimos la iniciativa de blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución y seguiremos exigiendo recursos públicos suficientes para la garantía y protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y por el acceso seguro y en condiciones de igualdad en la atención sanitaria pública.
