Los centros de retorno de migrantes en terceros países vulneran los derechos fundamentales, limitan el derecho de asilo y es falso que sea en países seguros. No por endurecer las medidas habrá menos migración, sino menos derechos, más vulnerabilidad y más deshumanización
11/12/2025
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores rechaza los acuerdos alcanzados ayer en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea. UGT considera que la propuesta de un nuevo reglamento de retornos basado en la instalación de hubs de retorno en terceros países, pone en riesgo el derecho de asilo y los derechos fundamentales de las personas migrantes.
Por otra parte, la reducción del Fondo de Solidaridad, uno de los puntos sobre los que ayer se alcanzó un acuerdo en el Consejo, este previsto en el Reglamento de 2024/1351 sobre la gestión del asilo y la migración que se aplicará a partir del 1 de julio de 2026, no deja de ser una nueva versión del pago por no atender a obligaciones de solidaridad entre los Estados miembros, cuando uno de ellos atraviesa un momento álgido de llegadas. No solo corre el riesgo de fracasar como lo hicieron iniciativas anteriores de reubicación en casos de afluencia migratoria alta, sino que, tal como está planteado, puede dar lugar a un mercadeo entre Estados Miembros, en el que se cambien personas por dinero, siendo profundamente deshumanizante y en contra de la libertad en los proyectos de vida migratorios. El Fondo de Solidaridad, incluido en el Pacto de Migración de 2023, se ve así reducido, rompiendo el acuerdo y equilibrios anteriores entre solidaridad y responsabilidad.
Nuestro sindicato considera inaceptable el anuncio de que se puedan establecer en terceros países (mediante acuerdos económicos) instalaciones para retornar tanto a solicitantes de asilo rechazados como a personas que se encuentran o han ingresado de manera irregular en el territorio de la Unión. Ya tenemos experiencias en la Unión Europea sobre acuerdos con países que teóricamente cumplen los estándares internacionales y los principios de derecho internacional, pero en los que, en la práctica, las personas migrantes han visto y ven vulnerados sus derechos. En este caso, no se trata solo de una externalización de obligaciones, sino de una dejación que pone en peligro derechos humanos, dado que las personas deberían ser retornadas a sus países de origen, no a otros países donde no se garantiza su seguridad y sus derechos.
UGT considera que esta propuesta de reglamento de retorno, es absolutamente inaceptable en un entorno, el de la Unión Europea, en el que el respeto a los derechos humanos y a las normas internacionales, también cuando se refieren a las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, deberían ser la base de las normas comunes en materia de migración.
