La Seguridad Social gana 92.327 personas afiliadas, nueve de cada diez extranjeras, y el paro registrado sube en 23.587. El sindicato valora positivamente los datos, advierte de que el desempleo aumenta y reclama repartir la riqueza generada, en especial entre las personas jóvenes
Los datos de afiliación a la Seguridad Social y de paro registrado de septiembre, publicados hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, confirman el buen momento que atraviesa el mercado de trabajo español, aunque con matices que conviene no pasar por alto. Septiembre suele ser un mes neutro para el empleo, en el que el final de los contratos ligados a la temporada turística se compensa con las incorporaciones del inicio del curso escolar. Este año, sin embargo, la Seguridad Social ha registrado el mejor septiembre de su serie histórica, que se remonta a 2002, con 92.327 nuevas personas afiliadas, mientras que el paro registrado ha aumentado en 23.587 personas. Para la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), son datos positivos que deben valorarse como tales, pero sin triunfalismo: el empleo crece, y el reto ahora es que sea de calidad y que la riqueza que genera llegue a quienes la producen.
Con este aumento, el sistema alcanza los 22,4 millones de afiliaciones y el ritmo anual de creación de empleo se acelera hasta el 3,4%, el mayor en un mes de septiembre desde 2017. El incremento prácticamente triplica el de septiembre de 2025, cuando se sumaron 31.462 cotizantes. En términos desestacionalizados, los que mejor reflejan la tendencia de fondo, la afiliación crece en casi 109.000 personas y encadena 68 meses consecutivos de aumentos.
Este resultado está estrechamente vinculado a la regularización extraordinaria de personas migrantes. Nueve de cada diez nuevas afiliaciones del mes corresponden a personas trabajadoras extranjeras, 84.220, el 91% del total, una cifra coherente con las 83.389 personas regularizadas solo en septiembre. Desde que se inició el proceso, hace algo más de cuatro meses, son ya 421.306. Buena parte del aumento responde, por tanto, a empleo que ya existía en la economía sumergida y que ahora aflora. Es una buena noticia en sí misma: personas que ya vivían y trabajaban entre nosotros sin derechos lo hacen ahora con contrato y con cotización, lo que refuerza los ingresos de la Seguridad Social y pone coto a una explotación que presiona a la baja las condiciones de todas las personas trabajadoras. La inmigración es hoy uno de los motores del crecimiento y del empleo en nuestro país. Pero el dato debe leerse con prudencia, porque aflorar empleo no es exactamente lo mismo que crearlo.
El nuevo empleo tiene, además, rostro de mujer: 90.859 de las nuevas afiliaciones, el 98%, corresponden a trabajadoras. Por sectores, la educación suma 63.499 empleos por el inicio del curso, la construcción 11.640, la industria manufacturera 7.145 y la informática y las telecomunicaciones 4.131, que compensan con creces los descensos estacionales del comercio (casi 40.000), la hostelería (21.884) y la sanidad (5.431). En el último año, la construcción lidera la creación de empleo, con más de 97.000 afiliaciones más, seguida de la hostelería, con casi 80.000.
También mejora la calidad de la contratación. Más del 44% de los contratos firmados en septiembre fueron indefinidos, el porcentaje más alto desde enero y el mayor en un mes de septiembre desde 2023, y los contratos indefinidos crecen un 6,5% respecto a hace un año, frente al 2,4% de los temporales. Es la consecuencia de la reforma laboral de 2021, fruto del diálogo social. Aun así, más de la mitad de la contratación sigue siendo temporal, y es necesario asegurar, con el refuerzo de la Inspección de Trabajo y la aplicación de los convenios colectivos, que el empleo que aflora lo haga con todos los derechos.
Junto a estas luces hay una sombra que no debe minimizarse: el paro registrado sube. Lo hace en 23.587 personas respecto a agosto, hasta un total de 2.379.505. El aumento es moderado, se trata de la cifra más baja en un mes de septiembre desde 2007 y hay 42.160 personas desempleadas menos que hace un año (un 1,74% menos). Además, por tercer mes consecutivo, la subida responde en buena medida a la propia regularización, porque uno de los primeros pasos que dan muchas de las personas regularizadas es inscribirse en las oficinas públicas de empleo para buscar trabajo, cambiar el que tienen o formarse. Pero el sindicato advierte de que ningún aumento del desempleo es irrelevante. Casi 2,4 millones de personas siguen sin trabajo y el paro entre los menores de 25 años ha aumentado en 21.411 personas en un solo mes, hasta 189.141. Para atenderlas hacen falta unos servicios públicos de empleo con más recursos y más personal de orientación, capaces de ofrecer una atención personalizada, en particular a las personas jóvenes y a las recién regularizadas.
Crear empleo no basta. Para que el empleo sea de calidad tiene que estar bien pagado, y los salarios deben crecer al ritmo de una economía que avanza y de unos precios que vuelven a subir. La inflación se ha situado en septiembre en el 4,9%, según el indicador adelantado del INE, muy por encima de la subida del salario mínimo interprofesional aplicada a comienzos de año (3,1%). UGT reclama por ello la apertura inmediata de la mesa de diálogo social para actualizar el SMI, como establece el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, y el impulso de la negociación del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), con incrementos salariales que permitan ganar poder de compra y con cláusulas de garantía salarial en los convenios.
Subir los salarios es, además, una condición imprescindible para afrontar la grave crisis de la vivienda que azota a nuestro país y que golpea con especial dureza a las personas jóvenes, que no pueden emanciparse ni construir un proyecto de vida porque su sueldo no alcanza para pagar un alquiler o una hipoteca. Unos salarios más altos, junto con las medidas en materia de vivienda que el Congreso de los Diputados vota esta misma mañana, deben contribuir a mitigar esa crisis. La vivienda no es una mercancía más: es un derecho humano y un bien básico cuyo acceso deben garantizar los poderes públicos.
En definitiva, con unos datos macroeconómicos que en líneas generales son buenos, es el momento de distribuir la riqueza generada: más empleo de calidad, subida de salarios y acceso a bienes básicos como la vivienda. El crecimiento solo será un éxito colectivo si se nota en la nómina y en la vida de las personas trabajadoras.
