Pepe Álvarez, Secretario general de UGT
05/02/2026
La incapacidad temporal no es un fallo del sistema ni una desviación que deba corregirse mediante desconfianza o control punitivo. Es un derecho de protección social cuyo objetivo es permitir la recuperación de la salud durante el tiempo estrictamente necesario.
En los últimos años, se ha instalado la idea de que la inteligencia artificial aporta neutralidad, precisión y objetividad al análisis de las políticas públicas. Sin embargo, el reciente informe sobre la evolución de la incapacidad temporal elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) demuestra que, cuando los algoritmos sustituyen al análisis social, sanitario y laboral sin un control humano riguroso, el resultado no es más ciencia, sino más sesgo.
El informe sostiene que es más probable iniciar un proceso de incapacidad temporal cuando la persona trabajadora es mujer, tiene menos de 40 años, cuenta con contrato indefinido, trabaja en una empresa grande, en el sector público o dispone de un nivel salarial medio.
La afirmación se presenta como una conclusión técnica, derivada de modelos avanzados de análisis de datos, pero encierra una lectura profundamente problemática: que el acceso efectivo a derechos laborales y de protección social se convierte, de algún modo, en un factor sospechoso.
Una lógica que, llevada al extremo, permitiría concluir irónicamente que el propio liderazgo de la autoridad que firma el informe reúne buena parte de las variables que este identifica como asociadas a una mayor probabilidad de incapacidad temporal, lo que da una idea de hasta qué punto el análisis confunde derechos con problemas.
No deja de ser paradójico que allí donde existe mayor estabilidad laboral, mayor cobertura sanitaria y mayor capacidad real para ejercer derechos, el informe identifique un “problema”. La precariedad, en cambio, queda invisibilizada, como si no acudir al médico por miedo a perder el empleo o encadenar contratos temporales fuera una virtud estadística y no una anomalía social.
La ironía es evidente. Quienes tienen contrato indefinido o trabajan en el sector público no enferman más: simplemente pueden permitirse enfermar sin perder el salario ni el empleo. Pueden acudir al sistema sanitario, obtener un diagnóstico y seguir un tratamiento. Confundir esa mayor protección con un uso indebido de la incapacidad temporal no es un avance analítico; es una distorsión del fenómeno.
Publicado en el diario digital “20 MINUTOS”
