UGT valora positivamente la aprobación este martes, 6 de mayo, por parte del Consejo de Ministros de dos medidas clave con fuerte repercusión en la vida de las personas trabajadoras: el Proyecto de Ley para la reducción de la jornada laboral máxima ordinaria a 37,5 horas semanales y el PERTE de la Industrialización de la Vivienda.
06 de mayo de 2025
UGT valora positivamente la aprobación este martes, 6 de mayo, por parte del Consejo de Ministros de dos medidas clave con fuerte repercusión en la vida de las personas trabajadoras: el Proyecto de Ley para la reducción de la jornada laboral máxima ordinaria a 37,5 horas semanales y el PERTE de la Industrialización de la Vivienda. Ambas decisiones forman parte de una respuesta política que, desde una lógica progresista, pone en el centro el bienestar, el empleo de calidad y el derecho efectivo a una vivienda digna.
Menos horas, más derechos: hacia la jornada de 37,5 horas semanales
El Proyecto de Ley aprobado inicia su tramitación parlamentaria con el objetivo de reducir por ley la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, una demanda histórica del sindicalismo que beneficiará a más de 12,5 millones de personas trabajadoras del sector privado. Especialmente a quienes actualmente no están cubiertos por convenios colectivos, como camareros y camareras, cajeras, personas cuidadoras, trabajadores agrícolas o del comercio, sectores donde se dan jornadas medias muy superiores a las deseables.
La norma incorpora tres elementos fundamentales que constituyen un verdadero avance de carácter estructural:
- La reducción de jornada sin merma salarial, lo que garantiza que el tiempo de trabajo disminuye sin que se vea afectada la remuneración, redistribuyendo el tiempo y la riqueza en un contexto de ganancias empresariales crecientes y productividad elevada.
- El derecho a la desconexión, que se refuerza de manera explícita para proteger a las personas trabajadoras de exigencias fuera del horario pactado, garantizando el descanso, la salud y la conciliación de la vida personal.
- La implantación de un sistema de registro horario interoperable, fiable y riguroso, acompañado de un régimen sancionador adecuado, con el que se pretende acabar de una vez con la realización masiva de horas extraordinarias que ni se abonan ni se cotizan en España. Esta práctica abusiva, especialmente extendida en sectores como el comercio y la hostelería, ha supuesto una auténtica losa para el empleo decente y los derechos laborales más básicos.
Esta medida también avanza en justicia social y en salud laboral: reducir el tiempo de trabajo permitirá aliviar la carga física y mental, reducir el estrés y prevenir accidentes. Tiene, además, una dimensión de igualdad: el 75% de quienes trabajan a tiempo parcial son mujeres, lo que convierte a esta reforma en una herramienta esencial para combatir la brecha de género.
Desde 1983, la jornada legal en España no se había tocado, a pesar de que la productividad por hora ha crecido un 53% y los salarios reales solo un 22%. Esta reducción, que equivale a una media de 48 minutos menos por semana, representa un acto de justicia redistributiva, de adaptación a los avances tecnológicos y de reequilibrio necesario entre vida y trabajo.
UGT destaca, además, la importancia del momento legislativo que se abre. Tal como se ha señalado esta mañana con motivo de los datos del paro del mes de abril, esta reforma responde a una demanda social mayoritaria que conecta con el sentir de una sociedad que exige avanzar en derechos y condiciones laborales dignas. Por ello, hacemos un llamamiento a todas las fuerzas parlamentarias para que no bloqueen el debate democrático del proyecto de ley. Es imprescindible que la tramitación avance y que se respete la voluntad de millones de personas trabajadoras que esperan este cambio desde hace años.
PERTE de Vivienda Industrializada: empleo de calidad, modernización del sector y acceso efectivo a una vivienda digna
En paralelo a la reforma de la jornada laboral, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de la Industrialización de la Vivienda, con una inversión pública de 1.300 millones de euros que supone una apuesta decidida por la reactivación del sector constructivo a través de procesos productivos más modernos, sostenibles y tecnológicamente avanzados. Este plan, concebido desde una lógica de transformación estructural, aspira no solo a producir más viviendas, sino a hacerlo mejor y en menos tiempo, garantizando al mismo tiempo condiciones laborales dignas y un parque de vivienda asequible y accesible.
El PERTE prevé una producción anual inicial de 15.000 viviendas mediante sistemas constructivos industrializados, con el objetivo de alcanzar las 20.000 unidades al final de la década. Aunque la magnitud del déficit de vivienda en España —estimado en más de 600.000 unidades entre 2022 y 2025— no quedará resuelto con este instrumento, se trata de un paso relevante para impulsar la oferta en un mercado fuertemente tensionado y con precios que siguen alejando a amplias capas de la población del derecho efectivo a la vivienda.
Pero el valor del PERTE no reside únicamente en el volumen de viviendas que se puedan construir, sino en el modelo industrial y social que se quiere impulsar: una transición hacia un ecosistema productivo más eficiente, digitalizado y coordinado, que potencie la productividad, reduzca los costes y acorte los tiempos de ejecución. Este modelo incorpora la premisa de que la vivienda industrializada debe ser asequible, con precios máximos fijados, lo que plantea el desafío de definir marcos claros de elegibilidad y control público sobre el uso de los recursos.
Desde el punto de vista sindical, uno de los aspectos más destacados del PERTE es su incidencia directa sobre el empleo y las condiciones laborales en el sector de la construcción, históricamente caracterizado por la temporalidad, la baja cualificación y la peligrosidad. La apuesta por trasladar parte de los procesos a fábrica —la llamada “transición del andamio a la fábrica”— supone un cambio cualitativo: menos exposición a condiciones climáticas extremas, más estabilidad, mejores estándares de seguridad laboral y un entorno más propicio para la formación técnica continua.
Este cambio productivo, sin embargo, no puede hacerse sin una estrategia de formación ambiciosa y planificada. El sector necesita atraer talento joven y femenino en un contexto de fuerte envejecimiento de las plantillas. Actualmente, solo el 11,4% de las personas ocupadas en la construcción son mujeres. El PERTE se propone revertir esa tendencia con medidas específicas de incorporación y cualificación, lo cual puede abrir una puerta a la diversificación de un sector todavía muy masculinizado y poco inclusivo.
En este sentido, destaca la creación de la futura Ciudad de la Industrialización de la Construcción en la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia, que no será un polo de producción, sino un nodo de conocimiento, innovación y formación. Desde allí se coordinarán buenas prácticas, proyectos piloto, formación técnica especializada y se articulará una plataforma digital colaborativa en la que empresas, administraciones y agentes sociales —incluidos los sindicatos— compartirán avances técnicos y experiencias.
El impacto económico del PERTE también es significativo: se estima que tendrá un efecto multiplicador de 2,4 veces la inversión inicial, movilizando hasta 3.120 millones de euros mediante el efecto arrastre sobre la cadena de valor. Este impulso se canalizará a través de instrumentos como el ICO Verde, ICO Emprendedores o el plan Reinicia+FAIIP, y servirá para financiar tanto la actualización de procesos industriales como la capitalización de empresas que generen oferta y demanda de vivienda industrializada.
Finalmente, UGT destaca la importancia de que este PERTE se articule con una gobernanza participativa y compartida, que cuente con una implicación real de los interlocutores sociales. Solo con la participación activa de los sindicatos será posible garantizar que esta transformación industrial vaya acompañada de empleo de calidad, cohesión territorial y justicia social. No se trata solo de construir viviendas, sino de edificar un nuevo modelo productivo al servicio de las personas.
