El Ejecutivo también ha aprobado el PERTE de la Industrialización de la Vivienda para acelerar y mejorar la construcción y ha destinado 1.157 millones de euros a actuaciones para reforzar la ciberseguridad y la ciberdefensa.
06/05/2025
La Moncloa, Madrid
El Consejo de Ministros ha acordado enviar al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión. La norma avanza en la disminución de la jornada sin merma de los salarios.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado que el proyecto “cambia la vida de la gente” y contribuye a la conciliación de los ámbitos laboral y familiar. Además, ha enmarcado la iniciativa en la modernización del mundo del trabajo que el Ejecutivo ha acometido en los últimos 5 años, de la mano del diálogo social. Yolanda Díaz ha resaltado la firma de más de 20 grandes acuerdos durante ese período, así como la cifra récord de ocupación que ha logrado España, con casi 21,6 millones de asalariados y asalariadas.
“El Gobierno ha cumplido, con el presidente a la cabeza, y ahora tiene que hablar la soberanía popular”, ha afirmado la vicepresidenta. Yolanda Díaz ha añadido que la tramitación parlamentaria del proyecto va a permitir conocer la postura de cada formación política y ha abogado por “abrir una gran conversación ciudadana” sobre esta materia.
Primera reducción de la jornada laboral desde 1983
La norma establece una jornada máxima legal de 37,5 horas semanales (la actual, vigente desde el año 1983, es de 40 horas).
“No trabajamos en España como en el año 83, afortunadamente, el mundo ha cambiado y mucho”, ha dicho Yolanda Díaz, quien ha subrayado que numerosos colectivos ya disfrutan de una jornada laboral de 37,5 horas o menos. De hecho, en promedio, el nuevo máximo implica una reducción de la jornada de 48 minutos a la semana.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez
La ministra de Trabajo y Economía Social ha argumentado, igualmente, que la productividad ha crecido en España un 53% mientras que la remuneración real de los asalariados solo ha aumentado un 22%.
12,5 millones de beneficiarios
La reforma, según ha detallado la vicepresidenta segunda, beneficia a 12,5 millones de personas trabajadoras, de las que 10,5 millones lo son a tiempo completo y 2 millones a tiempo parcial. Entre los trabajadores a tiempo completo, el 60,5% de los beneficiarios son hombres, mientras que en el caso del trabajo a tiempo parcial el 75,3% de quienes verían reducida su jornada laboral son mujeres.
Por sectores, más de la mitad de los beneficiarios de la reducción se encuadran en cuatro sectores: comercio, industria manufacturera, hostelería y construcción. La vicepresidenta segunda ha apuntado que precisamente en esos ámbitos los márgenes empresariales han crecido por encima de la media en los últimos años. En la hostelería, por ejemplo, los márgenes han aumentado un 105% desde el año 2009 y un 35% desde 2019.
Por comunidades autónomas, el mayor número de beneficiarios de la reducción de la jornada corresponde a Cataluña, Madrid y Andalucía, que suman más de 6 millones de trabajadores, seguidas por Comunidad Valenciana, Galicia y Canarias.
PERTE de la Industrialización de la Vivienda
El Gobierno ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) de la Industrialización de la Vivienda, que contempla medidas para edificar más y más rápido, y con mayores criterios de sostenibilidad y eficiencia para que España disponga cuanto antes de un parque público de vivienda similar a la media europea.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reiterado que el Ejecutivo va a poner “todos los recursos el Estado para garantizar el derecho constitucional al acceso a una vivienda digna y adecuada y para consolidar este derecho como quinto pilar del Estado del bienestar”.
Rodríguez ha explicado que el Gobierno tiene una “política clara e integral de vivienda” que se fundamenta en tres principios: hace falta más vivienda, hay que mejorar la regulación y hay que ayudar a quienes tienen mayores dificultades para acceder a una casa.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez
El PERTE aprobado hoy fue anunciado el 24 de abril por el presidente del Gobierno y responde al primero de los principios: aumentar la oferta de vivienda construyendo más rápido y mejor.
Más viviendas, más asequibles y más sostenibles
La ministra ha trasladado que el PERTE, además, de reducir los tiempos, persigue reducir los costes para que las viviendas sean asequibles, así como producir de una manera más sostenible. El proyecto garantiza mayor seguridad laboral a un sector precario, con alta siniestralidad y con un 33% de los trabajadores con edades entre los 50 y 65 años. Además, pretende incorporar a más mujeres, contempla la formación, la innovación y la digitalización y apuesta por la colaboración con las pequeñas y las medianas empresas.
Según ha expuesto Isabel Rodríguez, la construcción industrializada mejorará la calidad de las viviendas, reducirá el impacto medioambiental y los tiempos de edificación entre un 20% y un 60%, lo que permitirá reducir los costes y el impacto medioambiental.
Impacto económico del PERTE
El PERTE cuenta con una inversión pública de 1.300 millones de euros para consolidar un ritmo productivo de 15.000 viviendas industrializadas al año y 20.000 viviendas anuales en diez años.
La ministra ha añadido que el proyecto podría tener un efecto multiplicador de 2,4 y aportará un mayor crecimiento a la economía española. Además, para desarrollar un parque público de vivienda asequible lo antes posible, se incorporará la industrialización a las licitaciones públicas.
En este sentido, Isabel Rodríguez ha anunciado que la empresa pública de vivienda puntuará hasta un 10% los elementos de industrialización en sus licitaciones. Así, las 1.600 viviendas que serán licitadas la próxima semana en todo el territorio español incorporarán este criterio. Este será el modelo: incorporar, valorar la industrialización en las licitaciones públicas para acompañar al sector y lograr el objetivo de que la producción de vivienda industrializada se produzca en términos similares al entorno europeo, ha resumido la ministra.
Rodríguez también ha indicado que el PERTE garantizará la cohesión de nuestro país y tendrá una sede física en Valencia, donde su ubicará la futura Ciudad de la Industrialización de la Construcción, un espacio que combinará promoción industrial, formación especializada, visibilidad de proyectos y nuevas soluciones constructivas.
Refuerzo de la ciberseguridad y la ciberdefensa
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa /Borja Puig de la Bellacasa
El Consejo de Ministros ha acordado destinar 1.157 millones de euros a actuaciones para reforzar las capacidades de España en ciberseguridad y ciberdefensa. Estas actuaciones complementan las medidas incluidas en el Plan Nacional de Ciberseguridad aprobado en 2022 y se enmarcan en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, anunciado por el presidente del Gobierno el pasado 22 de abril.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha recalcado que este acuerdo supone “el mayor esfuerzo inversor en la historia de España en materia de ciberseguridad”.
López ha añadido que, según el informe de 2024 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, España está por encima de la medida europea en ciberseguridad y es el segundo país del mundo, tras Estados Unidos, con más centros de ciberseguridad: “No partimos de cero, España ya es un país líder en materia de ciberseguridad, pero con este plan de 1.157 millones de euros damos un salto verdaderamente colosal para reforzarla”.
Por otra parte, el ministro ha señalado que el España recibió más de 100.000 ciberataques el año pasado, de los que uno de cada tres fue grave. Organismos, empresas y entidades reciben el 70% y los ciudadanos el 30%. Además, uno de cada cinco delitos se produce en la red.
En este contexto, Óscar López ha recordado que los ciudadanos tienen disponible el teléfono 017, del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), donde pueden realizar sus consultas de forma confidencial y gratuita en materia de ciberseguridad o, por ejemplo, comunicar y pedir asesoramiento sobre casos de ciberacoso y de suplantación de personalidad.
Destino de las actuaciones
Las actuaciones acordadas hoy se concretarán en 40 proyectos que permitirán mejorar las capacidades de ciberseguridad y ciberdefensa en un amplio espectro, desde la prevención, detección y protección hasta la respuesta y la recuperación.
Las ministras y ministro durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez
El ministro ha avanzado que se fortalecerá el centro de operaciones de ciberseguridad destinado a los municipios con menos de 50.000 habitantes, se desarrollará el centro de operaciones del ciberespacio y se mejorará la Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de los Ciberincidentes. También se reforzará la ciberseguridad de la Red Iris, que es la red que utilizan los investigadores y los científicos.
Asimismo, Óscar López ha anunciado que mañana se reunirá con el sector de la ciberseguridad para avanzar en la implementación del plan: “Queremos que la mayor parte de la inversión se quede en empresas españolas y, si no, europeas, porque se trata también de reforzar nuestra autonomía estratégica”.
Oficina de inteligencia artificial en Valencia
El Gobierno ha aprobado una contribución voluntaria de 3 millones de euros a la Oficina de Tecnologías Digitales y Emergentes (UNODET) de las Naciones Unidas, que tiene como objetivo apoyar la cooperación global en gobernanza de la Inteligencia Artificial. La UNODET establecerá una división en Valencia dedicada a la investigación de normas y políticas de Inteligencia Artificial, clasificación de riesgos y apoyo al secretariado de las diferentes iniciativas coincidiendo con el seguimiento del Pacto Digital Global durante los próximos dos años.
Con esta medida, España pretende trasladar el modelo español de inteligencia artificial al centro de las negociaciones internacionales. “Una vez más España está la vanguardia en materia de desarrollo de la inteligencia artificial”, ha afirmado Óscar López.
Financiación para seguros agrarios y desarrollo rural
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha informado de la aprobación en el Consejo de Ministros de dos nuevos repartos económicos propuestos desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El Gobierno ha aprobado, por un lado, una dotación de 315 millones de euros para la ejecución del 46º Plan de Seguros Agrarios Combinados, “la cifra más importante de toda la historia”, tal y como ha señalado Alegría.
De acuerdo con la portavoz, desde el año 2020 el Ejecutivo ha incrementado en un 50% la dotación presupuestaria destinada a subvencionar la contratación de pólizas de seguros agrarios, un instrumento fundamental para el sostenimiento de las rentas del sector, especialmente ante la aparición cada vez más frecuente de fenómenos meteorológicos adversos.
Por otra parte, Pilar Alegría ha explicado de que el Consejo de Ministros ha autorizado la distribución a las comunidades autónomas de 158,2 millones de euros para financiar intervenciones de desarrollo rural que permitirán, entre otras cosas, mejorar la competitividad del sector agroalimentario, gestionar recursos naturales o impulsar un desarrollo territorial mucho más equilibrado. Se trata de intervenciones contempladas en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027.
Otros asuntos de actualidad: paro y afiliación a la Seguridad Social
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante su comparecencia en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez
Durante su intervención en la rueda de prensa, Pilar Alegría se ha referido a los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de abril, cifras que -asegura- “reflejan la realidad positiva que vive hoy nuestro país”. La portavoz ha recordado que, de acuerdo con los datos anunciados, más de 21.550.000 personas cotizan a la Seguridad Social en España en este momento. “Nunca en la historia ha habido tantos ciudadanos trabajando en nuestro país”, ha señalado.
Además, el paro cae al nivel más bajo de los últimos 17 años. “La realidad es que hay casi 154.000 parados menos que hace un año, lo que supone un descenso del 5,8%, hasta las 2.512.718 personas desempleadas, la cifra más baja desde julio del año 2008”, ha explicado Alegría, que ha subrayado que este descenso se produce en todas las autonomías y en todos los sectores. “Se está creando empleo, además, que es empleo de calidad, y, sobre todo, en sectores con valor añadido. Una fotografía y una realidad que muestran claramente que España funciona”, ha concluido.
