El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones informó a las asociaciones de víctimas y sindicatos que el Gobierno no va a iniciar ningún trámite de modificación del RD que regula el fondo de compensación de las víctimas del amianto
15/06/2026
El 10 de junio se celebró una reunión del secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Borja Suárez, con la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA) UGT y CCOO, para informar de las decisiones del Gobierno en torno a las reivindicaciones para modificar el reglamento del Fondo de compensación de las víctimas del amianto expresadas por las tres organizaciones en una reunión previa el pasado 22 de abril.
Borja Suárez facilitó los datos de los expedientes tramitados en los primeros nueve meses de funcionamiento del fondo. Sólo se han aprobado 91 indemnizaciones por un total de 5.571.824 de los 25 millones ya previstos en los PGE. Se han inadmitido 181 solicitudes que, por la tipología del caso, tienen reconocido el derecho a percibir la indemnización por la Ley 21/2022, pero para las que el RD 483/2025 que la desarrolla pospone su entrada en vigor a una posterior regulación a través de la Ley de PGE.
También se informó que el Ministerio no va a modificar el RD 483/2025, algo que habíamos solicitado para facilitar el acceso a la indemnización a todas las víctimas que ya tienen reconocido el derecho a recibir la indemnización por la Ley, reconocer ese derecho a todas las personas con la enfermedad profesional por amianto ya reconocida y ampliar las escasísimas cuantías de las indemnizaciones.
Asimismo, se nos informó que tampoco se va a tramitar ningún Real Decreto-ley para dotar de exención de tributación del IRPF a las indemnizaciones del fondo de las víctimas del amianto, algo que ya se ha realizado el pasado mes de mayo con las ayudas recibidas por las víctimas de la DANA, de los incendios forestales y a las indemnizaciones percibidas por las víctimas de los abusos en el seno de la Iglesia (por otra parte, exenciones absolutamente justificadas a nuestro juicio)..
El secretario de Estado nos informó que en breve se presentará el proyecto de Ley de PGE y que esa era la oportunidad para tratar de incluir estas reivindicaciones, pero sin indicar cuales serían admitidas ni en qué términos.
A juicio de nuestras organizaciones, el Gobierno está propinando un auténtico portazo en la cara de las víctimas del amianto, para las cuales el Estado español tiene una responsabilidad por el enorme retraso en la prohibición de este cancerígeno respecto a otros países europeos y más desde la existencia de suficiente evidencia científica al respecto. En el transcurso de estos meses el Gobierno no nos ha dado ni la más mínima señal de tener interés en solucionar el problema creado por el actual texto del RD 483/2025.
Los datos proporcionados demuestran que no existe un problema económico, como intentaba justificar el secretario de Estado, porque no se ha producido una avalancha de solicitudes. Aunque se hubieran indemnizado las 181 solicitudes desestimadas, no se habría agotado ni de lejos la partida ya existente en los PGE de 25 millones.
El Gobierno tiene en su mano los instrumentos legislativos para acometer estas modificaciones sin vincularlas a la tramitación de una Ley de PGE que tiene escasas probabilidades de ser aprobada. Esta decisión responde, a nuestro juicio, a pretender derivar su responsabilidad hacia aquellos grupos parlamentarios que previsiblemente van a votar en contra de los PGE.
FEDAVICA, UGT y CCOO queremos mostrar nuestra indignación por el trato dado hacia las personas afectadas por el amianto, que están siendo tratadas por el Gobierno como víctimas de segunda categoría. Creemos que la opinión pública debe saber que una parte de esas víctimas va a fallecer sin poder ver como el daño sufrido es finalmente compensado a pesar de existir una Ley que les reconoce ese derecho.
