Mª Carmen Barrera presenta, como relatora única, ante el Pleno de la sección de Empleo del Comité Económico y Social Europeo (CESE) el Dictamen sobre la iniciativa legislativa de la Comisión Europea para promover “El Trabajo decente en todo el mundo”.
La Secretaria de Políticas Europeas de UGT, Mª Carmen Barrera, ha valorado muy positivamente la iniciativa de la Comisión Europea (CE) para liderar a nivel mundial la lucha para erradicar el trabajo forzoso y el trabajo infantil “una cuestión que está en el ADN de los interlocutores sociales y del Comité Económico y Social Europeo”, en consonancia con el objetivo de lograr un futuro de igualdad, justicia y no discriminación en el mundo del trabajo.
Mejoras que debe incorporar la directiva
No obstante, durante su intervención, que se ha producido antes del debate y votación del texto, ha avanzado algunas mejoras que debería incorporar la Directiva y algunas lagunas que hay que corregir.
Así, la relevante propuesta de Directiva sobre la diligencia debida obligatoria en materia de sostenibilidad y derechos humanos, por parte de las empresas, se queda corta, porque deja fuera de su aplicación directa a todas la Pymes. La Comisión Europea (CE) se distancia de la resolución del Parlamento Europeo, por lo que Barrera ha instado a que la CE rectifique e incorpore a todas las empresas, de forma gradual, en un periodo corto de tiempo.
Ha señalado que es preciso que la Comisión acelere la iniciativa legal para prohibir, efectivamente, la introducción en el mercado de la UE de productos (tanto nacionales como importados) que hayan sido fabricados mediante trabajo forzoso, incluido el trabajo infantil.
Asimismo, aunque la Directiva contempla la participación de las partes interesadas, las representaciones sindicales y los comités de empresa europeos no tienen garantizado un nivel de participación adecuado a lo largo de las cadenas de suministro. Algo que dificulta la lucha contra el dumping social y perjudica tanto a las personas trabajadoras, como a las empresas”. Por eso, es necesario que la CE contemple, de forma expresa, ese nivel de participación.
Es positivo que la Directiva establezca un sistema de supervisión pública y un régimen efectivo y real de responsabilidad civil, pero “no estamos de acuerdo con que facilite formas de exención/limitación de responsabilidad, a fin de prevenir la conflictividad judicial”.
Por otra parte, para evitar posibles lagunas de protección es preciso clarificar determinados términos y responsabilidades y adoptar medidas que eviten que los compromisos de las empresas sean meramente formales. “Pedimos que la CE precise, con más rigor tales garantías y que contemple, a fin de mejorar la eficacia del cumplimiento, la participación de las representaciones sindicales de las empresas al nivel adecuadas”.
Las crisis propician el trabajo forzoso e infantil
La pandemia ha intensificado las condiciones precarias y de abuso en un amplio número de países, creciendo incluso el trabajo forzoso e infantil. El trabajo infantil ha aumentado en más de 8 millones de personas, entre 2016 y 2020, invirtiendo la tendencia anterior de reducción.
Además, las sucesivas crisis (financiera, pandémica, energética por la guerra en Ucrania), unido a los enormes desafíos de la economía y la sociedad amenazan a diario el trabajo decente, que forma parte de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
La iniciativa promovida por la CE establece una política integral que refuerza su papel liderazgo mundial para promover el trabajo decente. Sin embargo, es preciso una agenda más ambiciosa e innovadora que aúne la competitividad con la justicia social. El trabajo digno no es solo una cuestión de empleo y protección social, sino también es una cuestión de gobernanza, en la que el diálogo con los interlocutores sociales debe estar presente en todas sus fases.
