29 de enero de 2023

La plataforma por el derecho a la vivienda exige el desbloqueo de la ley frente al Congreso

La plataforma Iniciativa Ley Vivienda, de la que forman parte UGT y CCOO, se ha concentrado hoy frente a la Cámara Baja para exigir que se retome la tramitación de la ley por el derecho a la vivienda y se incorporen al texto de la futura norma las propuestas realizadas por los sindicatos y las organizaciones sociales en defensa del derecho a una vivienda digna

La Plataforma Iniciativa Ley Vivienda, de la que forman parte UGT y CCOO y en la que se agrupan movimientos sociales, sindicatos y otras organizaciones en defensa del derecho a la vivienda, se ha concentrado hoy frente al Congreso de los Diputados para exigir el desbloqueo de la ley de vivienda, que sigue paralizada en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a pesar de que hoy mismo se ha constituido la ponencia encargada de ordenar los debates sobre esta ley en dicha comisión.

Para la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores y CCOO, es urgente que el debate y aprobación del proyecto de ley por el derecho a la vivienda avancen y no sufran más dilaciones, ya que hablamos de un derecho fundamental recogido en la Constitución que afecta a millones de personas en nuestro país. Asimismo, y según señalan ambos sindicatos, los avances en el procedimiento legislativo deben incorporar al texto enmiendas registradas por los sindicatos y organizaciones sociales que forman parte de la plataforma y que, en buena medida, mejorarían el alcance de la Ley.

En este sentido, tanto UGT como CCOO insisten en señalar como aspectos prioritarios la necesidad de contar con un parque público de viviendas que sea suficiente como para garantizar el realojo a personas en situación de vulnerabilidad que se vean afectadas por un lanzamiento hipotecario o por impago de alquiler. Al respecto, y para evitar estos desahucios que contravienen la carta de derechos humanos, plantean el establecimiento de mayores restricciones de las existentes, basadas en una suspensión temporal del lanzamiento, con diferentes plazos según la condición del demandante, ya sea pequeño o gran tenedor.

Otro de los aspectos importantes para UGT y CCOO tiene que ver con los incentivos fiscales en el IRPF para los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda. Para ambas organizaciones, estas bonificaciones deben ser modificadas en aras de cumplir con la función social que debe tener la vivienda, de manera que dichas bonificaciones estén orientadas a aquellas viviendas con precios de alquiler situados en unos límites razonables y accesibles para población que viven de alquiler en las denominadas como zonas residenciales de mercado tensionado.
Estas zonas residenciales de mercado tensionado deben poder declararse de forma más amplia que la prevista en el marco del proyecto legislativo, al menos, desde las administraciones locales, cuando no haya ejercido esa capacidad la comunidad autónoma.

Además de las enmiendas en torno a la garantía del derecho a la vivienda, las organizaciones sindicales también sitúan el foco en otros aspectos claves que debería incorporar la ley, como son las cuestiones relacionadas con el amianto, una sustancia cancerígena que ha afectado a trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la construcción y la reforma de viviendas. A su juicio, la próxima ley de vivienda debería incorporar las herramientas necesarias para asegurar la funcionalidad, la seguridad y la habitabilidad de las viviendas, garantizando así la dignidad y la salud de las personas que las habitan. Para ello, es imprescindible que la ley contemple la catalogación de edificios que contengan amianto para que tanto propietarios como inquilinos puedan saber de la presencia de este componente en sus viviendas.

Por último, y en relación a la creación del Consejo Asesor de la Vivienda previsto en el proyecto de ley, tanto UGT como CCOO han reclamado su presencia en este órgano por ser las organizaciones sindicales más representativas en el país, así como que el consejo pueda encargarse de elaborar indicadores de evaluación que permitan medir de forma adecuada e independiente si las ayudas y políticas públicas están siendo efectivas.

 

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