El sindicato valora que el Parlamento Europeo haya frenado provisionalmente el intento de rebajar las normas de sostenibilidad y confía en que la nueva fase de debate sirva para fortalecerlas
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) celebra que el Parlamento Europeo haya rechazado el mandato de negociación del denominado paquete Ómnibus I de Sostenibilidad, una decisión que supone un freno temporal a una reforma que habría reducido de forma significativa las obligaciones empresariales en materia social y medioambiental. La votación, celebrada el 22 de octubre, se saldó con una ajustada mayoría —318 votos en contra, 309 a favor y 34 abstenciones— y devuelve la propuesta a comisión para su revisión antes del pleno de noviembre.
El texto debatido pretendía elevar los umbrales que determinan qué empresas deben informar bajo la Directiva de Informes de Sostenibilidad (CSRD) y limitar la aplicación de la Directiva de Diligencia Debida (CSDDD) únicamente a grandes corporaciones. De haberse aprobado, habría reducido el alcance de la rendición de cuentas empresarial, excluyendo a una parte importante del tejido productivo europeo y debilitando los mecanismos de control y reparación frente a abusos laborales y medioambientales.
UGT subraya que este resultado ha sido posible gracias a la movilización de las fuerzas progresistas y del sindicalismo europeo, que han actuado de forma conjunta para frenar un texto que vaciaba de contenido los compromisos adquiridos en materia de sostenibilidad, derechos humanos y laborales. Para la organización, el rechazo del Parlamento representa una señal de que la presión sindical y social sigue siendo determinante para evitar retrocesos en la construcción del pilar social europeo.
La organización sindical considera que la reapertura del expediente ofrece una segunda oportunidad para reforzar la ambición del marco normativo, garantizando la transparencia y la responsabilidad de las empresas en toda su cadena de valor. UGT reitera que la sostenibilidad no puede ser una opción voluntaria, sino un compromiso vinculante que combine la transición ecológica y digital con empleo digno, derechos y cohesión social.
