1 de julio de 2022

UGT demanda una Ley de Participación Institucional mucho más amplia y profunda

El sindicato reclama que aumente y mejore los derechos de las personas trabajadoras y sus representantes

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, en respuesta a la consulta pública iniciada por el Ministerio de Trabajo y previa a la elaboración de un anteproyecto de ley (APL) de participación institucional (PI), reclama una futura Ley que aumente y mejore de forma sustancial los derechos de las personas trabajadoras y sus representantes legales.

La Participación Institucional es el derecho por el que, de acuerdo con la Constitución (CE) y las leyes, los sindicatos en representación democrática de toda las personas trabajadoras defienden sus intereses en la elaboración, gestión y control de las políticas públicas que les afectan. La CE otorgó a la representación de los intereses de los trabajadores a través de los sindicatos el máximo reconocimiento dentro de nuestro sistema político (contemplado en uno de los primeros artículos, el 7, de la Carta Magna).

La legitimidad de esa representación se plasma de acuerdo con la Ley Orgánica de Libertad Sindical en las elecciones sindicales, en las que los trabajadores eligen democráticamente a sus legítimos representantes. En virtud de ello, los intereses de los trabajadores no solo se reflejan en la negociación de los convenios colectivos, sino que van mucho más allá de las condiciones laborales en el trabajo y se extienden a todas las políticas públicas que les afectan, como la Seguridad Social, las políticas de empleo, la protección social y numerosas políticas públicas.

Para UGT, ese derecho es, por lo tanto, incuestionable (y se extiende a la representación de las organizaciones empresariales), pero la forma en la que se ha plasmado en cada uno de los ámbitos de las políticas públicas ha sido, ante la falta de una Ley que ordenara esa Participación Institucional, muy diferente, disperso y heterogéneo.

Además, a lo largo de los años, las prácticas y las experiencias también muestran profundas deficiencias y problemas. No han faltado intentos de las Administraciones de vaciar de contenido ese Derecho de Participación en determinados momentos, ni tampoco la creación de órganos en los que los derechos que reflejan la participación no están debidamente contemplados.

Una Ley que vaya mucho más lejos de lo marcado en la Constitución

El sindicato denuncia que los ámbitos y lugares en los que se ejerce el derecho de participación y la representación de los intereses de los trabajadores han quedado desbordados en los últimos casi 40 años por una realidad mucho más amplia de las políticas públicas que afectan a los trabajadores, así como por los cambios que acontecimientos como –entre otros muchos- la pertenencia a la UE o la descentralización de las políticas del Estado han producido. La propia participación exige cambios en su forma y en su estructura para adaptarse a las nuevas y más complejas realidades, lo que deriva en la necesidad de una ley que defina, ordene, estructure y actualice el derecho de Participación Institucional.

Por ello, UGT reclama esencial una Ley de Participación Institucional más completa, cuya regulación sea mucho más amplia que la contemplada en el artículo 129.1 de la Constitución Española; que afronte y resuelva, por un lado, los múltiples problemas y disfunciones identificados en el desarrollo de la misma a lo largo de las décadas sin un marco legal, y por otro, aborde la ordenación y estructuración de las diferentes fórmulas, modalidades y funciones de la participación institucional.

Asimismo, debe clarificar y ampliar los ámbitos de la participación institucional; definir una participación articulada en el contexto del Estado descentralizado; establecer los criterios generales que deberían inspirar la creación de los modelos o tipos de órganos de participación, promoviendo las reformas y transformaciones necesarias de los órganos actuales; e impulsar el marco de garantías de funcionamiento de la participación institucional para evitar los incumplimientos formales y materiales, así como el vaciamiento de sus funciones y contenidos.

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