Para el sindicato es clave la normalización y generalización de la prestación pública y un acceso equitativo de las mujeres, en todo el territorio español, al sistema sanitario público para el ejercicio de este derecho
28/09/2026
Tal y como recoge el informe publicado en octubre de 2025 por el Ministerio de Sanidad, Situación del aborto en la sanidad pública. Evolución y medidas para la accesibilidad, en 2024 tan solo el 31,2 % de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) realizadas en nuestro país se practicaron en centros públicos, frente al 68,8 % que se realizaron en centros privados. El informe revela un crecimiento sostenido del número de abortos realizados en centros públicos, aunque persisten importantes desigualdades territoriales: mientras que cuatro comunidades autónomas —Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra— superan el 75 % de IVE realizadas en la sanidad pública, en Cataluña, Illes Balears y Canarias el porcentaje se sitúa entre el 20 % y el 60 %, mientras que en las restantes comunidades y ciudades autónomas no alcanza el 10 %.
Desde el sindicato se considera que todos estos datos ponen de manifiesto las dificultades para garantizar de manera efectiva el derecho al aborto, debido a la derivación a centros privados o incluso a otros territorios para poder ejercerlo.
UGT alerta de que se está dificultando el ejercicio de un derecho que, recuerda, fue reconocido con la aprobación de la Ley de 5 de julio de 1985 y que se ha completado con la Ley Orgánica 2/2010 y su reforma de 2023, que refuerza el acceso al aborto seguro y gratuito en la sanidad pública.
De igual forma, el sindicato recuerda que los poderes públicos tienen la obligación de cumplir las leyes y garantizar los mecanismos necesarios para que la ciudadanía pueda disfrutar plenamente de sus derechos y libertades, y que los y las profesionales sanitarios están comprometidos con su cumplimiento.
El sindicato denuncia todos aquellos obstáculos que impidan la garantía de este derecho, así como las iniciativas cuyo objetivo sea limitar la autonomía y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que la derecha y la ultraderecha alimentan con sus políticas antiabortistas y contrarias a la igualdad de género, impidiendo la efectividad de un derecho constitucional.
UGT aplaude la iniciativa de blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución, aprobada en su día por el Consejo de ministros y registrada en el Congreso de los Diputados en febrero de 2026, y seguirá exigiendo recursos públicos suficientes para garantizar y proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como el acceso seguro y en condiciones de igualdad a la atención sanitaria pública.
