El empleo supera por primera vez los 22,5 millones de personas ocupadas y el paro registrado, pese al repunte puntual del mes, se mantiene en su nivel más bajo en un mes de julio desde 2007
04/08/2026
Los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de julio, publicados hoy, reflejan la fortaleza de nuestro mercado laboral y acreditan, además, que el proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras llevado a cabo en España era necesario. Lejos de tensionar el mercado de trabajo, la regularización ha contribuido a aflorar empleo, a reforzar la afiliación y a dar derechos a cientos de miles de personas que ya formaban parte de nuestra sociedad y de nuestra economía.
La afiliación a la Seguridad Social aumenta en 41.727 personas y supera por primera vez los 22,5 millones de personas ocupadas, la cifra más alta de toda la serie histórica, en línea con lo que ya anticipó la última Encuesta de Población Activa. En términos desestacionalizados, la ganancia asciende a 79.567 cotizantes, el mayor incremento —descontados los años de la pandemia— desde 2005, ejercicio en el que se produjo, precisamente, la anterior gran regularización de personas migrantes, que incorporó al mercado laboral en torno a 600.000 personas trabajadoras.
En comparación con hace un año, el número de personas afiliadas aumenta en 642.562, situando el ritmo interanual de creación de empleo cerca del 3%, el más elevado en un mes de julio desde 2022. Este dinamismo se explica, en buena medida, por la incorporación de personas trabajadoras extranjeras: a 30 de julio, 262.475 personas regularizadas mediante el proceso extraordinario se encontraban ya en alta en la Seguridad Social, de las cuales el 81,5% en el Régimen General y cerca de un 5% como trabajadoras autónomas. El proceso se cerró el 30 de junio con 1.174.978 solicitudes, de las que más de 600.000 habían sido ya admitidas a trámite, por lo que sus efectos positivos seguirán trasladándose a la afiliación en los próximos meses.
Por su parte, el paro registrado aumenta en 19.517 personas, hasta situarse en 2.311.499, que sigue siendo, en todo caso, la cifra más baja en un mes de julio desde 2007. Este incremento no refleja destrucción de empleo alguna. Obedece, de un lado, a un efecto puramente administrativo derivado de la propia regularización: muchas personas, al obtener su permiso de trabajo, se inscriben en los Servicios Públicos de Empleo en busca de su primera ocupación, como acredita que 15.535 de los nuevos registros correspondan a personas extranjeras. Y responde, de otro lado, al comportamiento estacional habitual de este mes en actividades como la educación, que pierde 124.506 afiliaciones por el fin del curso escolar, o el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios, con 40.605 afiliaciones menos. Este mismo efecto administrativo se produjo en la regularización de 2005 y se diluyó por completo en los meses posteriores.
La calidad del empleo tampoco se ha resentido: el 38,9% de los contratos firmados en julio fueron indefinidos, un porcentaje habitual en este mes e incluso ligeramente superior al del mismo mes del año pasado, lo que consolida los niveles de estabilidad alcanzados tras la reforma laboral. En el plano sectorial, el comercio y la hostelería lideran las ganancias de empleo, con 50.100 y 24.000 personas asalariadas más, respectivamente, mientras la construcción encabeza la creación anual de empleo, con un crecimiento del 7,2% en los últimos doce meses.
En definitiva, los datos conocidos hoy confirman que el mercado laboral de nuestro país mantiene una evolución muy favorable, caracterizada por una creación de empleo sostenida y récords históricos de afiliación, y demuestran que el proceso de regularización era necesario y ha resultado beneficioso para el conjunto del país: más personas trabajando con plenos derechos, más cotizaciones que fortalecen la Seguridad Social y menos economía sumergida. Estos resultados, que se suman a los recientemente reflejados por la Encuesta de Población Activa, ponen de manifiesto la solidez del mercado de trabajo y la eficacia de las reformas emprendidas en los últimos años.
Este balance positivo acredita el carácter integrador de nuestro país, que da derechos y oportunidades a quienes se incorporan a nuestra sociedad respetando sus leyes, desde el respeto a todas las personas con independencia de cuál sea su origen. Precisamente por ello, ante los graves sucesos acaecidos este mes en Ceuta, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores expresa su pesar por las personas que han perdido la vida y traslada toda su solidaridad y su apoyo a quienes habitan en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y, en especial, a sus personas trabajadoras. El sindicato exige el pleno respeto a los derechos humanos, a la legalidad nacional e internacional y a la integridad y soberanía del Estado.
Sin embargo, los buenos resultados del mercado laboral no pueden ser un punto de llegada, sino el impulso necesario para culminar las reformas pendientes y avanzar hacia un modelo productivo basado en el empleo de calidad, mejores salarios, una mayor productividad y una reducción de la jornada laboral.
La consolidación de un mercado de trabajo de mayor calidad exige también avanzar en aquellas reformas dirigidas a reforzar la protección de las personas trabajadoras. En este sentido, resulta prioritario abordar la regulación del despido para garantizar una protección efectiva frente al despido improcedente, adecuando la normativa española a los estándares de la Carta Social Europea, que exigen una reparación adecuada para las personas afectadas.
Junto con el refuerzo de los derechos laborales, resulta prioritario un incremento de los salarios que permita a las personas trabajadoras recuperar poder de compra. La fortaleza que muestran el empleo y la actividad económica debe trasladarse de forma clara y expresa a las nóminas, y para ello es urgente abrir la negociación del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que debe garantizar subidas salariales que consoliden la recuperación del poder adquisitivo y reduzcan las brechas retributivas entre sectores.
En este sentido, UGT defiende que el acuerdo incorpore una referencia mínima de incremento salarial del 4% anual para el periodo 2026-2028, complementada con aumentos adicionales del 1%, 2% o 3% en los convenios cuyos salarios medios se sitúen por debajo del salario medio del conjunto de la economía. El nuevo acuerdo debe garantizar, además, que las subidas salariales lleguen de manera efectiva a las personas trabajadoras, limitando el recurso a las cláusulas de absorción y compensación y extendiendo las cláusulas de garantía salarial.
Por último, el aumento de la inflación por encima de la previsión utilizada para fijar la subida del 3,1% del Salario Mínimo Interprofesional para 2026 obliga a revisar su cuantía, conforme al artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, por lo que UGT reclama la convocatoria inmediata de la mesa de diálogo social. En definitiva, aprovechar el buen momento del mercado laboral para culminar estas reformas es la mejor garantía para consolidar un crecimiento más justo, sostenible y compartido.
