11 de agosto de 2022

Es fundamental un cambio de rumbo en las políticas de compensación a las víctimas de amianto

Pepe Álvarez ha subrayado frente al Congreso que el Fondo de Compensación a las víctimas del amianto debe situarse en la Seguridad Social y tener recursos suficientes para hacer frente a las necesidades de los afectados

Fuente: UGT Confederal

UGT, CCOO y la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA), se han concentrado hoy frente al Congreso de los Diputados para exigir al PSOE la reformulación de unas enmiendas que comprometen la financiación del Fondo de Compensación de las Víctimas del amianto.

El Grupo Parlamentario Socialista insiste en que el Fondo se convierta en un organismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y limitar su financiación exclusivamente a partidas previstas en los Presupuestos Generales del Estado y a fondos obtenidos a través de la subrogación del derecho a litigar por parte de las personas afectadas. Por ello, el Secretario General del sindicato, Pepe Álvarez, que ha participado en el acto, ha subrayado que es esencial establecer un mecanismo que garantice indemnizaciones dignas a los afectados por amianto porque es un “acto de justicia social”.

“Todo lo que tiene que ver con el amianto ya ha hecho daños irreparables a decenas de miles de trabajadores”, ha señalado, “y este acto tiene que servir para que el grupo socialista retire sus enmiendas y el Gobierno tome conciencia de que este fondo debe situarse en la Seguridad Social y tener recursos suficientes para hacer frente a las necesidades y demandas de los afectados”.
Estas condiciones, impuestas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no respetan el espíritu de la proposición de Ley remitida por el Parlamento vasco, que configura un organismo dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que complementa su financiación con fondos de la Seguridad Social, un modelo inspirado en el Fondo de Indemnización de las Víctimas del Amianto (FIVA) existente en Francia desde hace más de veinte años, y que se ha visto replicado en otros estados de la UE como Bélgica.

El modelo francés garantiza la continuidad del fondo –que no queda al albur de las negociaciones de los PGE-, y que sus indemnizaciones alcancen a la inmensa mayoría de las personas afectadas y tengan cuantías justas. De tramitarse en las condiciones que propone Escrivá, el Fondo se convertiría en una herramienta inútil ya que las víctimas se verían obligadas de nuevo a recurrir a la vía judicial.

Garantizar indemnizaciones dignas

Por ello UGT, CCOO y FEDAVICA han convocado estas concentraciones para exigir al Gobierno un cambio de rumbo en las políticas de compensación a las víctimas de este agente cancerígeno que los diferentes Gobiernos de España permitieron seguir utilizando durante décadas aun a sabiendas de sus efectos letales.

Asimismo, las organizaciones demandan al Grupo Parlamentario Socialista que se reúna con las asociaciones de víctimas y sindicatos para pactar los contenidos de las enmiendas que garanticen indemnizaciones dignas y no traicionen las expectativas depositadas por las personas enfermas por el amianto y sus familias.

En el acto de protesta han participado también la Secretaria de Salud Laboral, Ana García de la Torre, la Secretaria General de UGT-Madrid, Marina Prieto, y la Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Madrid, Susana Huertas, entre otras personas.

Para cubrir vacantes hace falta formación y mejorar salarios y condiciones laborales

En relación a las declaraciones del Presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, sobre la falta de personas preparadas para ciertos empleos, Pepe Álvarez ha subrayado que “es una verdad incontestable” pero que “solo hay que ver cuáles son las zonas del país donde hacen falta estos trabajadores y cuáles son sus salarios, condiciones de trabajo e incluso, sus condiciones de vida y su pueden hacer frente, por ejemplo, al alquiler de la vivienda”.

“En todo caso, en España, hay un problema general de salarios que, por mucho que los empresarios lo nieguen, es una realidad. Por ello”, ha advertido, “UGT se opondrá a la entrada de cupos de trabajadores en nuestro país para cubrir estas vacantes porque el Gobierno debe ser consciente de que hay que poner medios para recolocar a los trabajadores en el desempleo y son necesarios instrumentos formativos para cubrir esas demandas de trabajo y los empresarios tienen que saber que si no tienen mano de obra en nuestro país van a tener un serio problema. Eso puede ayudar a ser un poco más razonables a la hora de discutir los convenios colectivos”.

Es fundamental un cambio de rumbo en las políticas de compensación a las víctimas de amianto

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